La Reflexión… Vayamos de las prohibiciones a las soluciones

Por Roberto Fernández tomado de Uneac.org.cu

Para el Diccionario Enciclopédico Ilustrado “Pequeño Larousse”, el sustantivo “arbitrariedad” es la acción o forma de proceder regidos por la voluntad o capricho, sin sujeción a la justicia o la razón. Por su parte el adjetivo “arbitrario”, es la acción o decisión que no depende de la justicia o de la razón, sino de la voluntad o capricho de alguien. También se le aplica a la decisión establecida por acuerdo o convencionalmente, sin atenerse a la justicia, a la razón o a lógica alguna en contrario. 

Pero, ¿a qué viene ese trabalenguas semántico?, se preguntará el lector. Ahora veremos: Ante el mar de necesidades materiales insatisfechas en el que navega la población cubana desde hace varias décadas –y hablando en buena ley, de la mayoría de dichas necesidades no podemos culpar al bloqueo imperialista, ni al período especial; ni siquiera a los fenómenos meteorológicos, sino a nosotros mismos – sin encontrar respuesta de parte de las instituciones del estado supuestamente encargadas de solucionarlas, ha renacido poco a poco la iniciativa privada, fruto de los restos dispersos de las ya anteriormente mencionadas en trabajos anteriores fuerzas productivas pertenecientes a la vieja sociedad, las que jamás pudieron extinguirse de manera natural dentro de aquélla, ya que la misma fue “eliminada” artificialmente por decreto y, a través de esa misma vía jurídica, se obligó a nacer antes de tiempo a la nueva formación económico-social, en una especie de parto a destiempo y, por demás, totalmente forzado. En las décadas subsiguientes de nuestro pretendido período de tránsito hacia la nueva sociedad, como puede comprobarse en la realidad actual, tampoco ha sido posible crear y desarrollar la base económica sobre la cual se debería levantar algún día la venidera formación económico-social, lo que, por consiguiente, ha impedido también que haya sido viable hacer surgir, afianzar, profundizar y generalizar en el espíritu de las nuevas generaciones, la forma de conciencia social correspondiente a dicha formación social, aun en ciernes por demás. 

Desde que el estado revolucionario (con la buena intención de construir el socialismo y el comunismo al mismo tiempo y lo más rápido posible, y creyéndonos todos convencidos de que estatalizar todos los medios de producción, fueran éstos fundamentales o no, era sinónimo de socialización), tomó en sus manos la ingente tarea de dirigir, planificar, coordinar, hacer producir, administrar, transportar, distribuir, comercializar y contabilizar aquel enorme universo integrado por todas las medianas y pequeñas empresas privadas que existían a lo largo y ancho del país, y la producción de las mismas; todo lo cual había funcionado desde siempre bajo la dirección y administración de sus propios dueños –para quienes la tarea resultaba fácil dado lo reducido de cada una de dichas empresas – dando además respuesta a todo aquel maremágnum de necesidades de consumo que demandaba una enorme cantidad de pequeñas cosas que la vida doméstica de la gente común exige todos los días; muy pronto se pudo comprobar que el intento del estado revolucionario, por más bienintencionado que fuera, resultaba imposible de ejecutar: Se había ido demasiado lejos, o como dice el viejo refrán popular, “El que mucho abarca, poco aprieta” 

Por tal razón en los últimos tiempos la gente de abajo ha recibido con beneplácito la reaparición de una explosión de vendedores de mil cosas y operarios de múltiples oficios, hasta hace poco desaparecidos como los dinosaurios, los cuales han renacido, aparentemente de la nada, para comenzar a resolver esas viejas necesidades, sin que las personas comunes se detuvieran a pensar siquiera si éstos estaban o no legalmente autorizados a realizar tales actividades, ni si los productos y servicios que ofertaban se realizaban con recursos legítimamente adquiridos o no. Lo importante era que de nuevo se podría dar solución a las necesidades familiares largamente dormidas por la espera, la incapacidad y hasta por la indolencia de aquellas instituciones, funcionarios y trabajadores encargados por el estado de enfrentar y dar solución a dicha problemática.

Por supuesto, que la parte activa de esta unidad, es decir, los productores, vendedores, operarios y trabajadores por éstos empleados, implicados en este “renacimiento”, actuaron movidos por el interés material. O sea, el dinero, pues ellos también tenían necesidades insatisfechas hacía mucho tiempo, nacidas desde que se decidiera décadas atrás, la no aplicación por parte del estado del principio de distribución socialista, “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo”, pues se consideró –como ya se ha visto – que el mismo debía ser sustituido por el estímulo moral a los trabajadores, pues de aplicar el principio marxista el proletariado llegaría a moverse sólo por interés material, y era necesario que lo hiciera por móviles ideológicos, aun cuando tal ideología no tenía ni para cuándo aparecer. De manera que, las necesidades surgidas desde los inicios mismos de la Revolución y multiplicadas con posterioridad por falta de soluciones adecuadas por la vía oficial, encontraron arreglo de manera natural, como ocurre con las aguas del río desbordado cuando encuentran un nuevo cauce, por gravedad a campo abierto, fuera de su cuenca original, a partir del momento en que no caben dentro de ella; pero con una diferencia, en el caso del nuevo cauce encontrado en el terreno socio-económico, esta solución natural resultaba imposible de aplicar de manera oficial, pues la legislación para entonces vigente no recogía el trabajo por cuenta propia ni la existencia de la pequeña empresa privada, ni siquiera para dar respuesta a los problemas que el estado nunca había sido capaz de resolver, aun cuando la mayoría de éstos eran consecuencia de la misma acción estatal. 

Costó muchos años de penurias y batallar burocrático, en los cuales la población se batió, fundamentalmente desde la tribuna que constituyen las Asambleas de Rendición de Cuentas de los Delegados del Poder Popular a nivel de Circunscripción y de las Asambleas Municipales, para que, lenta y tortuosamente, se autorizara la apertura de pequeños negocios particulares en limitados sectores de los servicios, tales como talleres de mecánica automotriz, barberías, peluquerías, manicuristas, establecimientos gastronómicos, hostales, así como albañiles, plomeros y otros. Pero muchas de las personas que aspiraban a obtener licencia para desarrollar trabajos por cuenta propia, acorde a sus oficios y a los servicios que podían brindar con el ejercicio de los mismos, no tuvieron la suerte de obtenerla, en unos casos porque su especialidad laboral no estaba contemplada dentro de las que la ley autorizaba, como son los casos de los chapisteros, electricistas, soldadores, carpinteros, y algunos otros, debido a que los materiales necesarios para realizar tales trabajos sólo existen en las empresas estatales, por lo cual se sobreentiende que la vía para obtenerlos por particulares sería ilegal, (aunque, en la realidad práctica, desde que se estatalizaron estos servicios, ha sido, y sigue siendo, que desde las empresas del estado se han abastecido a los cuentapropistas, quienes a su vez han ofrecido ilícitamente estos servicios a la población); y en otros, porque los solicitantes no clasificaban para ser autorizados, por no cumplir los requisitos político-morales que la ley establece para obtener la correspondiente autorización, como ocurre con los aspirantes a obtener licencia para arrendar espacios de la vivienda, para lo cual es requisito indispensable, entre otros, que ningún miembro de los residentes en la vivienda haya cumplido sanción penal, ni abandonado el país hacia los EE. UU. Como si los unos fueran culpables de los actos de otros, y obviando, además, el derecho de aquellos que, en algún momento anterior, violaron la ley; pero que, al cumplir la correspondiente sanción, se supone hayan saldado su deuda moral con la sociedad y jurídica con el estado, y recuperado legalmente todos sus derechos. 

Como se puede suponer, la excesiva regulación, así como la pormenorización de los requisitos establecidos para otorgar las licencias a fin de ejercer trabajos por cuenta propia, además de los interminables trámites burocráticos a realizar para lograrlo, los formalismos, el papeleo, el peloteo y la demora para alcanzar tal meta, muchas veces obligan, tanto a quienes pretenden obtener el permiso como a aquellos que necesitan de sus servicios, a realizar el trabajo sin la debida licencia, violando así lo establecido en la ley. 

Es sabido que la ley tiene carácter obligatorio y punible, de ahí, precisamente, viene su contenido educativo, ético y axiológico, presente en lo que los filósofos llaman el Sistema Institucionalizado de Valores, pues, como sabemos, la educación de las jóvenes generaciones en el principio del respeto a la ley, contribuye a la formación de sólidos valores morales. Como ya hemos señalado anteriormente, estos principios y convicciones llegan a ser capaces de contribuir a la autorregulación de la conducta humana, a partir de su arraigo en el mundo interior del individuo. Pero, para el logro de tales objetivos, la norma jurídica tiene necesariamente que responder a un propósito y a una necesidad objetiva y real, así como atenerse, aunque sea, a los más elementales principios de la lógica, la equidad y la justicia; además de cumplir con la necesaria utilidad práctica, tanto para la sociedad como para el estado; así como que su cumplimiento sea posible en la práctica por parte de aquellos a quienes va dirigida y, por tanto, no vaya en contra de intereses humanos perfectamente lógicos y legales, o de aquellos contenidos entre los derechos constitucionales de los ciudadanos. Pero, en los casos en que por las razones que sean, en su aplicación práctica, la regulación jurídica resulta un absurdo y obstaculiza de cualquier manera el logro de las aspiraciones lógicas y razonables de las personas, éstas, sencillamente, la violan, ya sea impune o veladamente; o sobornando a las autoridades encargadas de hacerla cumplir, siempre que ello sea posible; procedimiento este último que, en los tiempos que corren, se ha convertido en una vía expedita y segura, dado el cierto grado de corrupción administrativa existente en las diferentes instancias de la administración pública. 

Ante esta realidad económico-social que asoma por todas partes en busca de una solución definitiva, tal como brotan las flores silvestres en medio del campo durante la primavera, la respuesta gubernamental no ha sido otra que segar las flores silvestres, aunque la primavera pierda su colorido. Es decir, promulgar las prohibiciones más férreas para impedirlo a toda costa, sin tener en cuenta las razones por las que éstas se producen; las que, en ocasiones, llegan al extremo de caer en el ridículo y otras veces hasta resultan risibles. Otras son, a veces, francamente injustas. Ello da lugar a la comisión de arbitrariedades por parte de los funcionarios encargados de aplicarlas y la promulgación de medidas arbitrarias, de ahí que haya considerado la necesidad de dejar claro desde el principio el significado de ambos vocablos. 

Tales parecen ser los casos de los ejemplos siguientes, que no son los únicos, por supuesto: Existe un pequeño restaurante privado (las, a mi juicio, mal llamadas paladares) ubicado cerca del parque de Santa Clara, en el cual sus dueños –un matrimonio – ofertan una magnífica comida y brindan un excelente servicio; pero donde los comensales tienen que comer, obligatoriamente, de pie frente al mostrador, pues los propietarios tienen terminantemente prohibido por las autoridades competentes que los clientes se sienten (de hecho, ni siquiera existen sillas ni mesas en el lugar), y si lo hicieran, aunque fuera en el quicio de la puerta o en el borde de la acera, aun sin que los de la casa los vieran, y llegara un inspector, los propietarios podrían ser fuertemente multados, y correrían el riesgo de que, incluso, se les retirara la licencia. ¡Parece mentira! ¿No es así? ¡Pero es la pura realidad! 

Pero el ejemplo anterior no es el último extremo. Hace unos pocos años atrás también comprobé con satisfacción que en aquella misma ciudad se había autorizado a un grupo grande de personas a vender verduras por las calles, quienes se abastecían en los numerosos organopónicos que rodean la villa, evitando así que los consumidores tuvieran que ir hasta los mismos, desafiando los conocidos retos del transporte urbano, pues los vendedores recorrían todos los barrios de la urbe. Pero el contrato de tales trabajadores incluía una cláusula que daba risa: los mismos eran identificados por el color de la chaqueta que se les entregaba y debían usar obligatoriamente. Por ejemplo: el que vendía berro, perejil y ajo puerro, debía usar una chaqueta verde; el vendedor de lechugas y coles, una chaqueta azul; el de los tomates, la remolacha y las zanahorias, chaqueta amarilla; y así por el estilo. Para comprobar el cumplimiento estricto de dicha regulación, los mismos eran fiscalizados en plena calle por los inspectores estatales y, si éstos descubrían que el color de la chaqueta no correspondía con las hortalizas que el otro vendía, era sancionado con una multa. ¡Créalo o no lo crea! 

Otras regulaciones en vigor, a diferencia de los ejemplos anteriormente mencionados, no provocan risa, sino llanto, como es el caso de algunas de las que rigen en el sector de la vivienda. La persona seleccionada en la circunscripción para que construya una casa por esfuerzo propio, dadas sus necesidades familiares, y al cual la Dirección Municipal de la Vivienda le otorgue la correspondiente licencia de construcción, después de atravesar un verdadero vía crucis de entrevistas, trámites, gestiones burocráticas y papeles de todo tipo, si tiene suerte y existen los materiales en los almacenes de dicha institución, puede que le sean otorgados algunos de ellos. De lo contrario, puede comprar el cemento que le falte en las tiendas en divisas. En el caso de la arena, la graba, el acero, el cable eléctrico, la pintura y otros materiales deficitarios, la DMV puede asignarle una parte de los mismos, si es que los tiene; pero generalmente ocurre que casi nunca hay en existencia en los almacenes, o asignan cantidades exiguas. Tales medios, que casi nunca la DMV tiene en las cantidades necesarias para abastecer adecuadamente a la población, están concentrados en manos de las empresas estatales, para responder a las necesidades de las mismas, en las que no faltan trabajadores que los sustraen y ponen en las manos de los mercaderes marginales, quienes se encargan de ofertarlos a aquellas personas que se encuentran enfrascados en las construcción de su vivienda.

Un estímulo para caer en tales ilegalidades lo encontramos en lo dispuesto en el artículo 14 de la Resolución No. 10/06 del Instituto Nacional de la Vivienda, la cual dispone que el que reciba un solar yermo estatal en concepto de derecho perpetuo de superficie está obligado a comenzar la obra dentro del término de un año a partir de su asignación. De no hacerlo, y carecer de causa que lo justifique, la DMV está en el derecho de cancelarle el permiso. Asimismo, le puede ser cancelado si, después de iniciada la construcción, la misma se paraliza por más de un año sin que concurra ninguna de las causas de excepción que la propia regulación establece, que son: movilizaciones militares, misiones internacionalistas, traslados temporales por requerimientos del centro de trabajo, enfermedad prolongada u otras causas que, a juicio de la Unidad Inversionista de la Viviendas, justifiquen el no inicio o paralización de las obras”. Pero lo sorprendente del asunto es que, entre dichas causas, la citada Resolución no recoja de forma taxativa los casos en los que la DMV no cuente con los materiales necesarios para suministrarlos al titular (como ocurre casi siempre). 

Conozco el caso de un amigo que, ante la necesidad de fundir los cimientos y levantar las paredes de la vivienda que construía por esfuerzo propio, antes de cumplirse el año fatídico, se presentó en la DMV de su municipio y se entrevistó con el funcionario correspondiente, el cual contestó a su petición diciéndole que los materiales se asignaban a partir de que el titular fundiera el arquitrabe. A su pregunta de que dónde conseguiría los materiales para llegar a la altura del arquitrabe, el funcionario le respondió campantemente: “¡Donde mismo lo consiguen los demás!” Ante tal respuesta, mi amigo sentenció airado “¡Yo sé dónde los consiguen esos que usted dice, compañero! ¡Así que haré lo mismo que ellos; pero, que no se le ocurra enviar por mi casa a ninguno de sus inspectores!” Es bueno significar que mi amigo fundió los cimientos, levantó las paredes, echó el arquitrabe y la placa, terminó la casa, y el hombre jamás envió a sus inspectores… 

También he conocido de algunos casos en lugares apartados del país, donde a veces la gente carece de la información necesaria; de personas de escasos recursos económicos y bajo nivel escolar a quienes les ha sido retirado el derecho perpetuo de superficie de un terreno y la licencia de construcción, así como le han confiscado la parte de la vivienda en construcción, ubicada en un lugar céntrico del pueblo, por haber pasado más de un año sin poder concluirla, por no haber recibido de la DMV los materiales necesarios ni contar con recursos para comprarlos en las tiendas en divisas o en el mercado marginal (que es el más concurrido), y todo ello para adjudicársela, sospechosamente, a un nuevo rico de la localidad; quien, por supuesto, la ha concluido en pocos meses, sin que inspector alguno lo haya molestado jamás. 

Otro tanto ocurre con la venta de alimentos. Costó años y años para que se autorizara la existencia de los llamados Mercados Agropecuarios. Una vez funcionando los mismos, existen ciudades del interior en las cuales la cantidad de éstos no se ajusta al tamaño de las mismas ni a la cantidad de población, teniendo las personas que recorrer distancias considerables para abastecerse de los productos que existan, que no siempre son todos los que hacen falta, y encima de ello, hacerlo enfrentando la pésima situación del transporte. Frente a tales dificultades objetivas (y subjetivas) aparece el vendedor ambulante por los barrios, el cual facilita la vida a la gente, ya que oferta en la puerta de la casa, tanto los productos que existen en el mercado, como los que no; así como otros que constantemente nuestra prensa escrita y televisiva nos alecciona a diario acerca de su necesidad en la dieta, como es el caso del pescado –que, por cierto, no es de importación ni hay que criarlo ni sembrarlo, no obstante lo cual, siendo Cuba una isla, la pesca de la mayoría de las especies comestibles, está prohibida, y su venta perseguida con saña, sin que el estado satisfaga esa necesidad. 

Según tengo entendido, el oficio de vendedor por las calles no está permitido, por lo menos en una parte importante del país (a pesar de que en los siglos XIX y XX el mismo diera lugar al conocido pregón, gestión de venta que llegó a tener tintes artísticos, y así dio lugar al nacimiento de un género musical que, según están hoy las cosas, está en peligro de desaparecer de nuestro acervo cultural) Sin embargo, pese a las prohibiciones existen muchísimas personas en Cuba entera que se buscan la vida de esa manera; por supuesto, ilegalmente, sorteando los mil y un peligros que les acechan desde que salen de sus casas –a veces a cientos de kilómetros – hasta la realización de la mercancía. Estos oficios, perfectamente, pudieran ser regulados y autorizados mediante el pago de un impuesto justo y razonable, y así dichas personas brindarían un servicio que todos agradeceríamos, el estado recibiría un tributo y, además, no tendría que preocuparse por crear fuentes de empleo para dichas personas ni hacer inversión alguna para construir nuevos mercados. Por supuesto que, según la concepción oficial, para ello sería necesario crear todo un aparato administrativo centralizado, dirigido y controlado por el estado, con lo cual, finalmente, tampoco funcionaría. 

Otras normas prohibitivas que, nadie entiende ni respeta por arbitrarias y absurdas, son las relativas a ciertas formas de la propiedad personal, las cuales resultan imposibles de enajenar. Tal es el caso, por sólo citar uno, de los automóviles y motocicletas, sobre los cuales pesa una regulación que prohíbe el traspaso a otra persona de la propiedad de los mismos, a partir de determinado año de fabricación y otros requisitos, lo cual –con independencia de las buenas intenciones con que la misma haya sido promulgada – transgrede los más elementales principios del concepto universalmente aceptado de propiedad. Por esa razón la citada norma, como ya anunciamos, no sólo es imposible de comprender, sino que es de esas que nadie cumple, pues no se entiende por qué, si alguien compró un vehículo por vías legales y con recursos legítimamente adquiridos, después no lo puede vender a otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades que en realidad sean necesarios para el trámite. Es por ello que ésta resulta una de las normas jurídicas que más se violan en Cuba, pues la gente realiza la compra-venta sin hacer el traspaso de propiedad, con lo cual, lejos de evitar ilegalidades, lo que se logra es incrementarlas, ya que lo ilógico y la falta de sentido práctico de la regulación misma provoca que no sea respetada y, con ello, se garantiza de antemano su violación, contribuyendo así a generalizar la peligrosa costumbre –ya bastante común en todo el país – de no respetar las leyes. 

Pero el tema de las prohibiciones entre nosotros es en extremo amplio, al extremo de que –según el decir popular –en Cuba lo que no está prohibido, está mal visto y, por tanto, tampoco se puede hacer. Y es que ante las ya dichas necesidades irresueltas, que son cada vez más acrecentadas, y el irrefrenable empuje de aquellos residuos de las viejas F/P convertidos en oficios y negocios por cuenta propia para ofertar tales servicios, legalizados o no, –en detrimento de la necesidad del estado para emplear mayor cantidad de fuerza de trabajo, frente a la creciente negativa de gran parte de la población laboralmente activa, que se niega a trabajar en el sector estatal – la respuesta oficial más frecuente es la prohibición y hasta la persecución, incluso, a veces policial; con lo que en ocasiones resulta chocante y ridículo; así como abusivo e injusto en otras, al ver a un policía o a un inspector registrar en plena calle el paquete de una viejecita (con lo cual, dicho sea de paso, viola sus derechos individuales refrendados en la Constitución de la República) y confiscarle unas pocas cebollas, ajos y tomates que la misma intentaba vender de casa en casa para obtener una mísera suma en divisas, con la cual comprar lo esencial, tal vez una botella de aceite, un par de jabones y un paquete de detergente; viejecita que, en no pocas oportunidades, va a parar a la Estación de Policía más cercana, donde es objeto de una multa que, generalmente, no tiene con qué pagar, ni aun si vendiera los productos confiscados. Sin embargo, mientras se producen estas situaciones, existen por doquier y a los ojos de todos, los casos de cientos individuos que se han enriquecido ilegalmente a costa del estado y explotando al pueblo a través de la especulación, que al parecer gozan de patente de corzo. Ante tales arbitrariedades parece cobrar razón aquel refrán popular: “Se persiguen a las hormigas mientras los leones andan en libertad.” 

El cuadro antes esbozado es perfectamente conocido para cualquier cubano de abajo en los momentos actuales, ya sea de La Habana, de Pinar del Río, de Guantánamo o de Villa Clara, y cualquiera podría pintarlo mejor, con matices, incluso, más reales y dramáticos. Pero, según pienso, la cuestión radica, no en aferrarnos a las prohibiciones, sino en valorar la situación objetivamente, establecer las causas que la provocaron y las condiciones y circunstancias que la han favorecido y aun la favorecen, y encontrarle la adecuada solución al problema de esas necesidades insatisfechas, sin el riesgo de obligar a las personas a delinquir, ni a estar expuestas a la acción justa o arbitraria de policías e inspectores; ni permitir que, en un momento futuro, el engrosamiento de toda esta problemática nos lleve de regreso, sin que lo deseemos ni nos demos cuenta a tiempo, al punto de partida pre-revolucionario. Es decir, a las puertas del infierno. La solución no es nada fácil, lo sabemos; pero lo que sí está claro es que las ya repetidas necesidades no se resuelven con regulaciones prohibitivas ni con sanciones. Para ello resulta imprescindible la existencia de bienes materiales de uso y consumo capaces de satisfacerlas, así como de servicios diversos que resuelvan los disímiles problemas de las familias cubanas. Pero…, he ahí el dilema. Para que existan tales bienes materiales y servicios es requisito indispensable aumentar la productividad del trabajo a niveles tales, que la producción sature el mercado. Al mismo tiempo, para que esto último sea posible es obligatorio estimular materialmente a esos productores, quienes también tienen necesidades y aspiraciones, las cuales deben satisfacer con su salario, y mientras más y mejor produzcan todos, mayor será el estímulo material que reciban, más alto será el nivel de vida del trabajador y mayores y más baratas serán las ofertas de todos los productos y servicios que existan en el mercado para toda la población que será, al mismo tiempo, productora y consumidora. Esta cadena sería la que le devolvería el valor al dinero y pondría fin a la complicación cotidiana de la doble moneda y a normalizar los precios. 

Pero esto no termina aquí. Porque, como se sabe, la empresa estatal no ha podido hasta ahora, ni creo que podrá en lo adelante, echarse a cuestas la responsabilidad de producir y comercializar todas las pequeñas y, de hecho, grandes cosas que la gente necesita todos los días para vivir, y hacer que ello sea, además de eficiente, suficiente y rentable. Por tanto, según mi parece, la solución para enfrentar esa parte de la producción que debe realizarse con los medios no fundamentales, o lo que es lo mismo, con chinchales similares a aquellos que antes fueron intervenidos y rápidamente se extinguieron (porque a nadie les interesaron como interesaban antes a sus antiguos dueños) considero deberá ser, dejarla en manos de pequeños propietarios particulares, por más que nos duela aceptar el regreso a esa minúscula forma de propiedad privada o familiar, cooperativa o incluso comunitaria. 

Ejemplo elocuente de lo dicho son las empresas de gastronomía y las de servicios. Las primeras jamás han realizado un trabajo ni medianamente aceptable, y desde sus inicios se convirtieron en una gran organización burocrática que se traga incontables recursos, siendo además una fuente inagotable de ilegalidades y delitos económicos y una sangría para la economía nacional. Similar ocurre con las empresas de servicios, en cuyos talleres y otras instalaciones trabaja un gran número de personas en cada municipio; para no resolver la mayoría de los problemas de la población, porque, en primera, no tienen los recursos necesarios para ello ni el personal técnico necesario, provocado por los bajos salarios que allí se pagan, y en segunda, porque, debido al escaso salario y las pésimas condiciones de trabajo, la mayoría de los trabajadores no están debidamente estimulados y, por tanto, no les interesa brindar un servicio de calidad, sino sustraer los recursos de la empresa para realizar los mismos trabajos, pero de manera particular, ilegalmente, en la calle. Existen otros servicios que mal ofertan dichas empresas, como son las barberías y las peluquerías, que no se justifica para nada su existencia como entidades estatales. Funcionarían con mayor calidad y brindarían un mejor servicio si esos mismos locales se les alquilaran a particulares. Así el estado se ahorraría una parte importante del enorme aparato burocrático que hoy existe, con su equivalente en dinero y en materiales; así como se cortaría una importante vía de desvío de recursos, malversación y otros delitos. 

Algo parecido ocurre con las llamadas industrias locales, las que sólo existen en las plantillas de su aparato burocrático. Esas pequeñas industrias que hoy apenas fabrican algo que resulte útil y cuya presencia en el mercado sea estable, podrían funcionar incomparablemente mejor en manos de particulares o de cooperativas, mediante el pago de impuestos, mientras que la participación estatal pudiera encontrarse en orientar la producción de determinados artículos que resulten de interés para un territorio dado, en la venta de materias primas a los fabricantes y en la comercialización de lo producido, siempre que se le pague el precio justo a los productores. 

Todo lo dicho posibilitaría rescatar todas aquellas producciones y servicios ya mencionados, que al estado no le resultan posibles ni rentables asumir y, con ello, satisfacer ese sinnúmero de necesidades que hasta hoy el sector estatal no ha podido ni podrá asegurar y que ahogan a la gente común. Por otra parte, y lo que a mi juicio resulta mucho más importante, tal medida permitiría agotar definitivamente los restos de las fuerzas productivas del capitalismo en esa pequeña empresa, ruinas de la propiedad privada capitalista hace mucho desaparecida. Todas estas medidas estimularían la producción y la productividad del trabajo, contribuyendo de manera decisiva –como ya se ha dicho – a satisfacer las necesidades de la población, y creando al mismo tiempo importantes fondos mercantiles para estimular el comercio interno que, por lógica elemental, debe quedar, fundamentalmente, en manos del estado. Asimismo, esta pequeña propiedad individual, familiar, cooperativa o comunitaria sería una fuente de empleo para el país, regida por regulaciones estatales, y de recaudación tributaria para el estado, el que podría dedicar mayores recursos y esfuerzos a desarrollar y consolidar la base económica del socialismo y, con ello, su correspondiente forma de conciencia social, equivalente al esquema de valores que será necesario forjar en las futuras generaciones de cubanos, acorde a los intereses de la nueva sociedad, lo que en Cuba hemos llamado el hombre nuevo; valores que será posible crear al estar esas necesidades materiales y espirituales de la gente, cada vez resueltas y a un nivel superior, de manera que ello permita la realización plena del ser humano en todos los sentidos. 

A partir de entonces, en la gran empresa estatal se podrá ensayar la manera de socializar la producción, hasta descubrir cómo hacerlo, para que al tiempo que crezca y se fortalezcan la base económica y la conciencia social socialistas, y ello dé lugar al nacimiento y desarrollo paulatino, dentro de la gran empresa estatal, de las F/P correspondientes a la nueva sociedad en gestación, y a través de esa práctica, siempre a través del método del ensayo-error consciente y planificado, descubrir el camino correcto para poder construir, en un futuro aun no determinado, esa sociedad socialista que, hasta el momento actual, jamás pueblo alguno con proyecto socialista ha logrado construir aun en ningún país del mundo; pero hacerlo de manera tal que desechemos lo malo del capitalismo y aprovechemos lo mejor de dicha sociedad, en unidad y lucha de contrarios; elevándolas a niveles superiores, siempre en espiral ascendente, como enseña la dialéctica marxista, pues es dentro del capitalismo donde se engendra la futura sociedad socialista que nadie sabe realmente cómo será. Y es dentro de ese capitalismo agonizante donde el futuro socialismo tiene que ser engendrado; y allí, antes de ver la luz, ese feto tiene que alimentarse, fortalecerse, nacer, crecer y aprender de las enseñanzas positivas y negativas de éste, para después poder andar con sus propios pies y hacer su vida propia, a partir de la herencia positiva anterior, aplicadas de manera creadora en las nuevas condiciones, perfeccionadas según las circunstancias y las necesidades concretas del lugar, las posibilidades reales y el momento histórico concreto. 

20 de septiembre de 2009.

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